El 6 de enero último, mediante Decreto Supremo n. o 002-2017-PCM, el Gobierno declaró el 2017 como el «Año del Buen Servicio al Ciudadano». A la luz de los hechos, es seguro que muchos peruanos se preguntan qué de bueno les trajeron estos primeros 9 meses y qué cabe esperar para los 3 meses que aún faltan para terminar el año; ya que, si revisamos varios de los casos dados a conocer por los medios de comunicación, notaremos que no basta un buen título para que se cumplan los objetivos de una norma.
Así, el decreto en cuestión concibe el Estado moderno como uno al servicio de las personas, y cuyas intervenciones expresan los derechos ciudadanos. Este – agrega la norma – define sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y, en función de ellas, establece las funciones y los procesos de gestión que le permitan responder mejor a esas necesidades con los recursos y las capacidades disponibles[1].
Pero, ¿qué sucede cuando el ciudadano de a pie lleva a un familiar enfermo a un hospital de la red pública y se le exige que presente el DNI del paciente, pese a su gravedad, para que lo puedan atender en Emergencia (esto sucede aun cuando el establecimiento cuenta con el equipo biométrico para verificar la identidad de la persona)? Cabe preguntarnos si esa familia considerará que el 2017 es un año consagrado al buen servicio al ciudadano. ¿Lo creerá así la gestante que dio a luz en el baño de otro hospital por falta de atención oportuna? ¿Qué pensará aquel policía que, cuando quiere atenderse en el hospital de su institución, no encuentra ni medicinas ni equipos médicos operativos? ¿Habrá sido un año de buen servicio para todos ellos?
Luego de 9 meses, son muy pocos los ciudadanos que pueden afirmar que el 2017 fue el año del buen servicio. Para la mayoría, sin embargo, el decreto resultó meramente declarativo – «letra muerta» dirán algunos – Y si bien la frase encabeza todos los documentos oficiales, poco o nada significa en la vida de los peruanos.
[1] Decreto Supremo n. o 002-2017-PCM
