ANTIPOLÍTICA Y JUSTICIA

El caso García plantea una seria de preguntas sobre el debe ser de la administración de justicia. Por Luis Herrera Romero, analista político creador de la metodología MACPO.

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No cabe duda que el suicidio del ex presidente Alan García, obliga a plantearse como ciudadano una serie de cuestionamientos ¿Qué pasa con la administración de justicia?, ¿Podremos realmente conocer los hechos de corrupción?, ¿Se está actuando bien?, ¿Funciona la democracia?

Para tratar este tema, es bueno analizar el contexto democrático en el que vivimos y para ello, es pertinente citar a Enzo Traverso en su obra “las nuevas caras de la derecha (2018) cuando señala: “la política ha dejado de encarnar valores para tornarse en un lugar de pura gobernabilidad y distribución del poder, debido, por un lado, a su absorción por medios monopólicos y por la industria de la comunicación; y por otro, la deriva bonapartista del poder que instaura un estado de excepción permanente, en el cual los Parlamentos quedan reducidos a desempeñar el papel de Cámaras – escribanías – de leyes elaboradoras por los Ejecutivos”

Esta descripción que muy bien puede aplicarse a la política nacional es rematada con la siguiente conclusión: “la democracia representativa se encuentra paralizada y finalmente vampirizada por la contrademocracia, vale decir, un conjunto de contrapoderes (instancias de control y juicios de poder) que toda democracia necesita pero que puede matarla si la sustituye”, y es justamente aquello – instancias de control y juicios de poder – lo que está en discusión en este momento.

En un escenario polarizado como el que vivimos, que se explaya de manera atroz en las redes sociales, cualquier respuesta será inmediatamente cuestionada y satanizada por la tribu política[1] contraria a ella, por que, como se han definido, sólo aceptará su propia narrativa; pero es necesario realizarla, pensando no en ellas sino en el país, en el todo y no en la parte.

Claramente si hablamos de instancia de control y juicios de poder, tenemos que hablar de la instancia de control judicial, la cual en el marco de la división constitucional de poderes, se debe encargar de mantener el “orden y la confianza social” y para ello “debe proteger dos (02) bienes jurídicos: Primero, la seguridad jurídica, que se refiere a la corrección de las decisiones judiciales y proscripción de la arbitrariedad y segundo, la justicia pronta, que se refiere a cumplir los plazos legales sin incurrir en dilaciones indebidas motivadas por ineficiencia en la gestión de los procesos judiciales”[2]; si aquello no se cumpliera, estamos hablando, bajo la definición anterior, de una instancia de control que esta matando nuestra democracia en lugar de protegerla.

Todos estamos de acuerdo, en que no puede ni debe dejarse de investigar y sancionar los casos de corrupción; sin embargo, tenemos un modelo penal garantista que ha sido excedido por la realidad, la dificultad en la investigación de los actos de corrupción, ha generado que la detención preliminar y preventiva se transformen en herramientas para aplicar el teorema del prisionero; es decir, encarcelar un grupo de personas o una persona para buscar delatores; situación que se vuelve abusiva, si no hay medios de prueba convincente o el Ministerio Público no tiene la capacidad para organizar acusaciones prontas que coloque a estos detenidos bajo las reglas del juicio penal.

La situación se agrava si de forma evidente se violan las normas procesales en materia de reserva del proceso, según el artículo 324º del Nuevo Código Procesal Penal, “la investigación es reservada (…) sólo se pueden enterar los abogados”; sin embargo, vemos, que las pruebas de cargo o diligencias son conocidas ex ante por los medios de prensa o entidades que no tienen que ver con la administración de justicia, lo que claramente se realiza con anuencia o apoyo de alguien dentro del sistema de justicia ¿Le hace bien, esto a la democracia?, claramente no.

Por otro lado, si existen casos con hechos parecidos y suficiencia probatoria similar y el Ministerio Público no actúa con la misma rapidez y drasticidad, pone en entredicho su exigida neutralidad; tanto más, si la mayor drasticidad se aplica a posiciones contrarias al gobierno de turno, que puede utilizar sus decisiones en su discurso político. ¿Le hace bien, esto a la democracia?, claramente no.

Por tanto, si queremos proteger la democracia, la actuación del Ministerio Público debe estar a la altura del reto y para ello sugerimos las siguientes acciones:

  1. Modificación de los artículos 60º, 61º y 65º del Nuevo Código Procesal Penal otorgándole la dirección de la investigación del delito a la Policía Nacional del Perú, ente especializado en la investigación criminal, dejando al Fiscal como garante de la legalidad.
  2. Modificación del artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal estableciendo la obligatoriedad de que el Ministerio Público en los casos que solicite prisión preventiva, formalice acusación fiscal en un plazo no mayor de seis meses, desde la fecha que aquella fue otorgada.

Saber la verdad y alcanzar justicia será una buena manera de conciliar nuestra sociedad, pero tenemos que tener la capacidad de cambiar y transformar nuestros actores de justicia en entidades neutras y eficientes.

¡La democracia lo exige!


[1] Luis Enrique HERRERA Romero. Por un nuevo liderazgo político en el Perú. Revista Quántica. 17 setiembre 2018. “Una teoría que trata de explicar el comportamiento político dentro de las sociedades es el tribalismo, el cual según la profesora norteamericana @amychua en su obra political tribes, se expresa cuando “los argumentos y políticas públicas dejan de importar y solo se hace lo que diga la tribu y punto”.

[2] Luis Enrique HERRERA Romero. La Calidad en el Sistema de Administración de Justicia. Universidad ESAN. Revista Tiempo de Opinión. Nº 07. octubre 2014.

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