¿Debería Perú construir una cárcel presidencial?

Por Sonia Goldenberg, periodista y documentalista peruana ganadora del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano.

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Wren McDonald

Mientras Perú se prepara para el bicentenario de su independencia de España en 1821, en lugar de esperar este momento con optimismo, se encuentra ante un paisaje político lúgubre: cuatro de sus expresidentes están en prisión o prófugos de la justicia por delitos de violaciones a los derechos humanos o corrupción. ¿Es un récord mundial? Tal vez, pero no uno que se quiera celebrar.

En respuesta, el mes pasado, en su mensaje anual a la nación a fines de julio, el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, prometió una cruzada para reconstruir al país tras las inundaciones devastadoras y un enorme escándalo, que en conjunto acabaron con las posibilidades de crecimiento económico y minaron aún más la confianza de los peruanos en el presidente mismo.

Estos cuatro presidentes han dejado su huella en la historia —y la justicia— del país.

Primero, Alberto Fujimori, el autócrata que gobernó de 1990 a 2000, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, y después también por malversación y corrupción. Recientemente, se le unió en el Penal de Barbadillo, en Lima, Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, después de que un juez ordenara que él y su esposa, Nadine Heredia, debían estar en prisión preventiva por 18 meses antes de su juicio, mientras se les investiga por lavado de dinero y delitos de asociación delictuosa. A Humala también se le acusa de haber cometido asesinatos extrajudiciales cuando fue capitán del ejército en la base ubicada en una selva remota en la década de los noventa.

Mariana Bazo / Reuters

Perú no es más corrupto que otros países de América Latina ni sus tribunales son un modelo de legitimidad y eficiencia. Sin embargo, a medida que en el extranjero surgen pruebas de sobornos que aceptaron presidentes a todo lo largo del espectro político, los jueces peruanos se encuentran bajo una enorme presión para reaccionar. En consecuencia, se está viendo un cambio en el desprestigiado sistema judicial del país: está recobrando algo de credibilidad e independencia. Apenas la semana pasada, un tribunal confirmó una sentencia para que Humala y Heredia permanezcan en prisión. Sin embargo, el encarcelamiento de jefes de Estado que alguna vez fueron poderosos todavía se puede revertir, retrasar o detener.

Un poder judicial débil no puede salir adelante por sí mismo.

Una decidida campaña  anticorrupción  requiere de un liderazgo fuerte para cambiar el sistema electoral y construir instituciones estatales sólidas que hagan cumplir el Estado de derecho. En su discurso ante la nación, el presidente Kuczynski no ofreció una estrategia clara para enfrentar este reto y como el partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del dictador encarcelado, cuya campaña estuvo plagada de acusaciones de financiamiento ilícito, tiene la mayoría en el Congreso, el cambio tan necesitado quedará estancado.

Incluso después de dos siglos, Perú sigue siendo una república frágil. En su defensa, sin embargo, hay que decir que en los últimos 25 años puso fin a una guerra civil, resolvió los conflictos con sus vecinos, se sobrepuso a la hiperinflación, se convirtió en una democracia y, a pesar de su predicamento actual, logró hacer crecer su economía y redujo la pobreza. Ahora que sus líderes políticos corruptos ya no gozan de impunidad, quién sabe, tal vez todos los presidentes anteriores se reúnan para ver los fuegos artificiales del bicentenario tras las rejas.

Fuente: The New York Times

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