La última ocurrencia de desastres climatológicos en el norte y sur del país, vuelve a poner sobre la mesa un tema crítico cuando se habla de gobernabilidad, la denominada “Gestión Pública”; es decir, el modelo de trabajo que el Gobierno de turno aplica para poder llevar, eficientemente, sus servicios a la sociedad.

Y es crítico, porque pese a ser sucesos recurrentes y predecibles en el tiempo, su ocurrencia nos muestra lo poco preparados que estamos, no solo para afrontarlos, sino además para recuperarnos de ellos; lo que en concreto significa que el “modelo” de gestión que está aplicando el Gobierno, no está siendo eficiente para enfrentarlos.

Esta falta de eficiencia puede deberse a varias razones, primero a la dispersión decisoria en la Administración Pública; miles de titulares a cargo de presupuestos públicos gestionados como propios; segundo, una innecesaria división del sistema de gestión de riesgos de desastres entre CENEPRED e INDECI que restringe la capacidad de acción.

La segunda razón pasa por la ausencia de un ente planificador que gestione la prevención; la pérdida de importancia de la SEDENA, supuso el debilitamiento de los mecanismos de coordinación en los tres niveles del Estado para afrontar estos riesgos; por otro lado, la entidad de reconstrucción con cambios no ha logrado ser más que un ente que asigna recursos y no un ente ejecutor que alinee el trabajo de los sectores en el proceso de reconstrucción.

Un tercer tema, es la ausencia de un plan nacional de infraestructura de prevención de desastres que permita enfocar la inversión de los recursos en las zonas de mayor probabilidad de riesgos. Pese a que existen estudios como los realizados por el profesor Kuroiwa que identifican las áreas de riesgo, siempre nos quejamos de la ausencia de obras en áreas sensibles que no fueron atendidas.

Finalmente, el sistema de contratación pública vigente, al estar fragmentado entre miles de autoridades políticas y estar basado en el menor precio, genera que la calidad de las obras contratadas sea discutible en muchos casos; por otro lado, las normas especiales de contratación aplicadas al tema de la reconstrucción no han logrado acelerar las obras y por el contrario han presentado cuestionamiento en sus adjudicaciones que incluyen a algunas empresas del club de la construcción.

Entonces ¿qué hacer para que el gobierno mejore su capacidad de gestionar los riesgos de desastre en el país?; consideramos de lo dicho, que deberían plantearse las siguientes acciones:

1.- Fortalecer la Secretaria de Defensa Nacional – SEDENA – como ente rector articulador de las políticas y estrategias de defensa nacional.
2.- Unificar el CENEPREP con INDECI para unir los procesos de gestión de riesgos de desastre.
3.- Preparar el plan estratégico de infraestructura de prevención y reconstrucción a nivel nacional.
4.- Centralizar la ejecución de los procesos de contratación de obras públicas de prevención y reconstrucción a nivel nacional; para la contratación de los grandes proyectos.

Es clave para el Gobierno actual, que ha planteado como uno de sus pilares en el discurso político la gestión eficiente de la gestión pública, que demuestre resultados en ella, sino, se enfrenta el riesgo de la insatisfacción ciudadana por ser un tema de alto impacto; lo que puede dar inicio a un cambio de sentido en los índices de popularidad de la gestión actual; lo que sería fatal cuando solo le quedan 29 meses de gestión y pocas oportunidades de implementar reformas.

Actuemos para que ya no nos tome desprevenidos.

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