¿FALTA SENTIDO DE URGENCIA O AGENDA?

La decisión política para el 2021 se debate entre el radicalismo de izquierda que añora el socialismo fracasado; el facilismo populista, sin propuesta, que arropa al status quo y el mercantilismo de derecha de espíritu corruptor. Para salvar nuestro futuro es necesario involucrarse en política hoy.

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Joseph Stiglitz en su obra del 2010 FREEFALL, analizando las causas de la crisis financiera mundial sentenció “Hemos perdido el sentido de urgencia y lo que hasta ahora ha ocurrido proyecta un mal augurio sobre el futuro”. Dicha expresión adquiere un significado y relevancia de primer orden en el contexto actual cuando se presentan elementos que perfilan un escenario de radicalización del discurso político con miras al proceso electoral del año 2021.

Esta radicalización se justificará en el desmoronamiento del establishment político a consecuencia de la corrupción destapada por el escándalo Odebrecht, los magros resultados a nivel de gestión pública, la incapacidad del sistema de administración de justicia para proyectar una imagen de neutralidad y eficiencia; así como, la necesidad de los próximos candidatos de enganchar con las emociones de los votantes, sus frustraciones y expectativas.

No cabe duda que esta radicalización sólo abonará al crispamiento de la cuestión social rumbo a las elecciones presidenciales; por dicha razón, consideramos que la única forma de evitar este escenario es que el gobierno de Vizcarra recupere la capacidad de identificar lo urgente de lo cotidiano en su gestión, por lo que debería priorizar como mínimo:

  1. Resolver la cuestión minera, a través de la mejora de la política de concesiones mineras, formación de los fondos económicos para el desarrollo local, sostener la erradicación de la minería informal y asegurar la seguridad de la inversión minera aprobada.
  2. Mejorar su comunicación, logrando que los ministros asuman un rol más proactivo en comunicar los planes y logros de su gestión.
  3. Plantear una reforma de la norma procesal penal que transforme nuestro derecho penal garantista a un derecho penal del enemigo, donde se priorice la capacidad persecutoria del Estado.
  4. Plantear una estrategia para implementar proyectos de desarrollo de infraestructura a nivel nacional, para promover la contratación de mano de obra.
  5. Excluir a las empresas denunciadas por participar en actos de corrupción de los procesos de contratación pública por un periodo determinado de años.

Estas acciones propuestas deben implementarse para crear un discurso y una agenda de trabajo que marque el accionar gubernamental en este último año de gestión efectiva (Los últimos doce meses estaremos inmersos en la campaña política); lo contrario sería que la comunicación y el accionar del ejecutivo sigan guiados por la agenda mediática y esto augura un mal futuro donde sólo el radicalismo ideológico obtiene la ventaja.

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