El fiscal José Domingo Pérez, que logró la prisión preventiva de Keiko Fujimori, intensifica sus investigaciones sobre el caso del Metro de Lima, que incluye al expresidente Alan García. Por esta obra, la brasilera Odebrecht pagó millonarios sobornos, según reconocen sus exdirectivos. Pérez interrogará a García en la primera quincena de este mes.

Con esta diligencia, el fiscal retoma este caso, que había interrumpido para concentrarse en las indagaciones sobre Keiko, hoy con orden de prisión preventiva de 36 meses, que será apelada por sus abogados.

Aunque este interrogatorio a García sería continuación de una diligencia de hace semanas, Pérez tendría una estrategia bastante elaborada, según fuentes cercanas a su entorno.

Para la Fiscalía, en el gobierno de García se favoreció a Odebrecht en licitaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, a cambio de más de 8 millones de dólares en sobornos que se dieron a Jorge Cuba, entonces viceministro de Comunicaciones, y a los exfuncionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, que integraron los comités de las licitaciones.

Cuba usó como testaferros a su pareja, la exvoleibolista Jessica Tejada; a su sobrino Víctor Muñoz; y a su asesor Miguel Navarro, de acuerdo con el equipo especial de fiscales.

En febrero, Navarro testificó que Cuba coordinaba directamente con García y era compadre de Roxanne Cheesman, pareja del exmandatario. Aseguró que no fue Enrique Cornejo, entonces ministro de Transportes, quien llevó a Cuba para ser viceministro. “Supongo fue que su comadre, la pareja de Alan García”, dijo Navarro. Agregó que Cuba fue el encargado de acelerar el proyecto por orden de García.

El aprista alega que solo buscaba acabar la obra durante su gobierno y que otros se habrían aprovechado de este interés para cobrar sobornos.

Las coimas se depositaron en cuentas de empresas offshore en bancos en Andorra, Suiza, Panamá y Bahamas.

En el Congreso, la comisión Lava Jato no incluyó a García para que sea investigado, pese a algunos pedidos internos.

“Las coimas depositadas a funcionarios no se han gastado. Unos 8 millones de dólares que nadie recoge. Pensamos que están siendo guardados para alguien de arriba: ministros o el presidente”, dice Víctor Andrés García Belaunde.

Un intento para que Cuba sea colaborador eficaz fracasó porque, según el fiscal que estuvo a cargo, no aportó información relevante. Después, ya con Pérez en el equipo especial, se ha vuelto a conversar con el exviceministro.

Pérez consideraría estos elementos y otros que habría obtenido para armar un caso que complicaría a García. Ya antes el aprista ha intentado sacarlo del caso sin éxito. Además, Barata ha dicho que Odebrecht entregó 200 mil dólares a la campaña de García el 2006, cuando ganó la elección.

Erasmo Reyna, abogado de García, descarta una posible prisión preventiva para su cliente. “El fiscal no tiene ningún tipo de elementos que pudieran sustentar, siquiera forzadamente, un pedido de esta naturaleza, de ninguna manera. Estamos absolutamente tranquilos respecto a estas investigaciones”, sostuvo en la emisora RPP.

Más tarde, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial, anunció que hacia el próximo 16 se firmará el convenio de colaboración eficaz que permitiría “los últimos testimonios de ejecutivos”, entre ellos, Jorge Barata.

“Va a complementar parte de sus respuestas correspondientes y que ha formulado en su momento a la justicia peruana”, dijo Vela en América Televisión.

Se cae rumor sobre el golpe deslizado por Alan García

– Sin mayor respaldo, el exmandatario aprista Alan García ayer volvió a lanzar mensajes vía Twitter, haciendo mención a un supuesto golpe de Estado.

– “Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques”, escribió.

– Desde Puno, el jefe del gabinete ministerial, César Villanueva, rechazó cualquier intento de golpe de Estado y más bien hizo énfasis en la necesidad de separar la corrupción de los partidos.

– Agregó que las organizaciones políticas deben funcionar con dinero limpio y no con fondos de la corrupción o el delito de lavado de activos.

Fuente: La República.

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