El mito de Gobierno de Martín Vizcarra

El Analista Político Luis Herrera nos acompaña esta vez comentando sobre la política general de Gobierno al 2021.

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Fuente: El Men

Cuando nos referimos al mito de gobierno, entendemos que nos referimos a la forma como la ciudadanía considera se comportará el gobernante que elige y cuyo comportamiento se traducirá, a través de su política general de gobierno, políticas sectoriales y acciones concretas en la provisión eficiente de servicios; por eso la forma como ambos conceptos – creencias y acción concreta – se relacionen, será clave para la construcción de la confianza ciudadana, la credibilidad del gobernante y por tanto el fortalecimiento de la gobernabilidad.

Bajo esta lógica, la gestión del presidente Vizcarra se inició con un halo de esperanza, toda vez, que el mito de gobierno que construyó alrededor del nuevo presidente fue el de haber sido un gobernador regional exitoso en su gestión, dialogante y preocupado por la educación. Esa es la creencia inicial de la población y como tal esperan de él ciertos logros: Reducir la pobreza, dinamizar la economía, etc. De esta forma la gestión del presidente inicia su gestión con una dinámica positiva de comunicación, presencia y diálogo constante con la población, ofrecimientos de “acelerar” la reconstrucción, eliminar las exoneraciones tributarias y sobre todo la necesidad de recortar el gasto público para – debemos entender – invertir mejor los escasos recursos públicos en mejorar los servicios públicos; mensaje positivo que hasta ahí fue recibido con expectativa por la población.

Sin embargo, casi de inmediato se han presentado una serie de situaciones que amenazan quebrar el mito de gobierno;

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Primero.- Mala identificación de los problemas de fondo.- El presidente no acciona contra la causa real del incremento del gasto corriente – tamaño del estado y existencia de planillas especiales – por el contrario, se hace proclive a la creación de oficinas y comisiones para atender cada nuevo problema: La creación de la dirección de integridad en PCM y la formación de una comisión para atender los problemas de feminicidio son un buen ejemplo; en lugar de exigir que las entidades existentes realicen su trabajo de manera más eficiente, se apuesta por más de los mismo.

Segundo. – Priorizar la recaudación y no la reforma del sistema tributario. – Para cerrar el déficit fiscal se recurre al incremento de impuestos que afectan a la población en general y no se plantea la necesaria reforma tributaria: Reducción de beneficios tributarios, ampliación de la base tributaria, cobro de adeudos a los grandes contribuyentes, reforma de la SUNAT.

Tercero. – Presentar un estilo de liderazgo débil. – Al intentar dialogar con todos los actores dejando de lado el principio de autoridad, termina realizando ofrecimientos de subsidios encubiertos o la destitución de funcionarios para calmar las amenazas de conflictos sociales y mantiene alianzas políticas que le hacen daño, como el caso de la ministra del MIDIS que a pesar de estar demostrado que ordenó el despido de una funcionaria, haciendo abuso de poder por razones estrictamente ideológicas, razones que a su vez puede afectar la gestión de los programas sociales, la mantiene en el gabinete por conveniencia política.

Cuarto. –  Dudas en la capacidad de gestión. – Los hechos anteriores, coronados por la renuncia del ministro de economía genera dudas sobre la capacidad del gobierno de conducir la política nacional al futuro, por la debilidad que presenta para tomar decisiones que impliquen cambios y propuestas de fondo.

Todos estos hechos son percibidos por la población; lo grave es que, si la acción de gobierno no detiene el deterioro de su imagen, nos enfrentaremos a escenarios de conflictividad social que se agudizan y que formaran un círculo vicioso que sólo beneficiará a los que manejan un discurso político fuerte y que a la larga representan posiciones políticas autoritarias que finalmente le hacen más daño a las sociedades.

Por dicha razón, proponemos algunas acciones concretas que el gobierno podría implementar para mejorar su acción de gobierno.

  1. Evaluar la existencia de diversas entidades públicas o programas cuyas funciones pueden ser asumidas por otras de mayor nivel; por ejemplo, los organismos de contrataciones públicas, las comisiones de PCM, Ministerios, etc.
  2. Modificar la norma de contratación de personal altamente calificado, que en la práctica no establece parámetros reales de eficiencia y se ha convertido en una norma de favor para la selección de personal.
  3. Disponer la reducción de la planilla CAS en la administración pública y la prohibición del pago de trabajadores bajo la modalidad de consultorías directas.
  4. Para la prevención de los feminicidios, modificar las normas de SERVIR (Resolución de Presidencia Nº 330-2017-SERVIR) que establecen que las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas son opcionales. Se debe establecer la obligatoriedad de dichos procesos de selección (Es un hecho recurrente los casos de acoso en los centros de trabajo).
  5. Aprobar el Plan Nacional de Infraestructura que establezca las líneas directrices para invertir en obra pública, de esta forma, se orientará la ejecución de los 6,500 millones de soles a los gobiernos regionales y locales.
  6. Modificar el modelo penal garantista, a un nuevo modelo procesal penal que fortalezca la capacidad de investigación y sanción del gobierno.

Estas son algunas propuestas para que el gobierno implemente su política general, tomando como base la necesidad de generar confianza en los ciudadanos respecto del valor que tienen nuestros impuestos para recibir realmente servicios públicos de calidad.

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