Nuevas reglas de juego en Perú

Por José Manuel Villalobos sobre los nuevos reglamentos para las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

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La ausencia de un Código Electoral en el Perú que ordene y unifique la dispersa legislación en materia electoral es un problema que se agudizará con la media docena de leyes que el actual Congreso de la República ha dictado en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, sumándose así a las poco más de veinte leyes vigentes.

Hagamos un repaso.

Primero

Aprobaron la Ley N° 30673, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el pasado 20 de setiembre de 2017, que uniformiza el cronograma electoral, estableciendo nuevos plazos respecto a la convocatoria a elecciones, la democracia interna, inscripción de listas de candidatos, entre otras actividades[1].

Segundo

Dictaron la Ley N° 30682, publicada el 18 de noviembre de 2017, con la cual se optimiza el principio de seguridad jurídica en los procesos electorales al disponer que toda norma con rango de ley que se publique desde un año antes del día de la elección, podrá ser aplicada recién en el siguiente proceso electoral.

Tercero

Publicaron el 29 de noviembre de 2017, la Ley N° 30688, que establece que las organizaciones políticas que se inscriban en el Registro de Organizaciones Políticas – ROP, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, serán únicamente los partidos políticos, los movimientos regionales y las alianzas electorales. De otro lado, desaparecen a las organizaciones políticas locales (OPL) de alcance provincial y distrital[2], estableciendo su participación de manera excepcional para las elecciones municipales del próximo año, siempre y cuando se encuentren inscritas en el ROP o que logren inscribirse como máximo el 10 de enero de 2018, fecha en que se vence el plazo para que el Presidente de la República realice la convocatoria a elecciones.

Cuarto

Aprobaron la Ley N° 30689, publicada el 30 de noviembre de 2017, ley que tiene como fin prevenir actos de corrupción y clientelismo en la política. En esa línea, se ha modificado la regulación del financiamiento, tanto público como privado. Respecto a éste último, se elevó de 60 a 120 UIT[3] como tope de los aportes que pueden hacer las personas naturales a los partidos, prohibiéndose  el aporte de las empresas, y; se establece un tope de 250 UIT para la recaudación de fondos a través de actividades proselitistas. Dos aspectos negativos de esta norma son: 1) impide que se conozcan los gastos de campaña de los candidatos antes de las elecciones, al señalar que los aportes y gastos que se efectúen deberán informarse a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente que se publique la resolución que declara la conclusión del proceso electoral; 2) permite  que una persona jurídica financie a las candidaturas distintas a la presidencial, con tope de hasta 60 UIT; sobre este punto, se cuestiona la falta de coherencia de la ley que prohíbe el aporte de las empresas a los partidos, pero no para los candidatos a elecciones congresales, regionales, municipales y para el Parlamento Andino.

Quinto

Publicaron el 05 de diciembre de  2017 la Ley N° 30692, incorporando como nuevo requisito para ser candidato a los cargos de gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde y regidor; el nacimiento, que deberá ser en la circunscripción electoral a la que postulen o domiciliar en ella en los últimos dos años, los cuales se computan desde la fecha de vencimiento del plazo para presentar las listas de candidatos a la autoridad electoral hacia atrás. El requisito del domicilio ya existía, pero en elecciones regionales se exigían tres años y para las municipales dos; para cumplir este requisito se mantiene el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil.

Finalmente, mencionar que el Congreso dio una ley que impide postular a los cargos de elección popular a todos aquellos que han sido condenados por delito de terrorismo, narcotráfico, violación y corrupción, pero ha sido observada por el Ejecutivo, por un tecnicismo; sin embargo, por insistencia, luego de allanarse a la observación, el Congreso la aprobará.

Como reflexión, el Perú durante las décadas de los 80s y 90s sufrió una sucesión de actos de violencia perpetrados por los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA, cuyos miembros en su mayoría fueron encarcelados y condenados a pena privativa de libertad; sin embargo, dos décadas después, las penas impuestas se han venido cumpliendo y los terroristas están siendo liberados, por lo que existen fundados temores que intenten insertarse en la vida política del país, sin haberse arrepentido de su criminal accionar. Es en ese contexto que, se propuso impedir la postulación de los condenados por terrorismo, pero al momento de debatirse la propuesta en el Congreso se extendió el impedimento a los otros delitos mencionados.

Preocupa que los enemigos de la democracia y del estado de derecho puedan infiltrarse en la política, pero también nos debe preocupar que la restricción del derecho al sufragio pasivo de quienes ya han cumplido su condena y legalmente se encuentran rehabilitados, vaya en contra del marco constitucional; el país, podría ser demandado en el fuero supranacional y terminar indemnizando a quienes no han saldado sus deudas con la patria.

Tengo la impresión que este nuevo marco normativo, aprobado con la intención de mejorar los procesos electorales, podría en algunos casos tener un efecto contrario.

Fuente: Noticias Electorales


[1] http://sinvoznovoto.blogspot.pe/2017/10/nuevo-cronograma-electoral-2018.html
[2] http://sinvoznovoto.blogspot.pe/2017/09/eliminando-la-menuda-competencia.html
[3] La unidad impositiva tributaria equivale aproximadamente a $ 1,250.00 dólares americanos

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José Manuel Villalobos Campana
Abogado USMP. Diseñó e implementó el VOTO INFORMADO del Jurado Nacional de Elecciones; se ha desempeñado como Asesor Legal en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en el Consejo Nacional de la Magistratrura. Actualmente es Secretario General del Concejo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y preside el Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública.

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