En junio todos repudiábamos el vil atentado contra Eyvi Agreda, a quien su agresor no tuvo peor manera de robarle los sueños que bañándola con combustible y prendiéndole fuego. Un mes después, en Cajamarca, a Juanita Mendoza su cuñado le arrebató la vida con el mismo método mientras vendía salchipapas en la puerta de su casa. En noviembre, a Edith Huaylas, de tan solo 29 años, le cortaron las esperanzas, pero esta vez el agresor no dudo en acabar también con la vida de sus menores hijos. ¡Que crueldad!

Pero Eyvi, Juanita y Edith son solo tres de las 11 mujeres que mueren todos los meses a manos de quienes deberían prodigarles amor, cariño y respeto, hombres con quienes en algún momento compartieron sueños, ilusiones, anhelos a futuro. Esa es la lamentable realidad.

Las excusas de los agresores para perpetrar actos tan despreciables van desde negarse a entablar una relación, o retomarla, hasta incluso la posibilidad de que la expareja rehaga su vida junto a otra persona; reforzando la perversa creencia de que las mujeres son objetos de su propiedad y que están sujetas a la voluntad de un hombre que le permita desarrollarse personal o profesionalmente.

A estos mitos se suma la actuación de algunos malos funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque no basta dictar una medida como la de prisión preventiva contra los agresores, que muchas veces prescribe debido a la falta de diligencia de los operadores de justicia y permite que los agresores salgan a la calle con total impunidad. Si bien en algunos casos se logra ampliar la prisión preventiva, tal como ocurrió con el asesino de la niña Ximenita, esta medida no consigue que la víctima o sus familiares alcancen justicia.

Todo lo anterior viene a colación porque en poco más  de un mes, a fines de enero, el verdugo de Eyvi Agreda podría quedar libre cuando venza la medida de prisión preventiva dictada en su contra. En casos como este cabe preguntarse a quién defiende nuestro sistema de justicia.

Desde el Ejecutivo, tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el Ministerio del Interior realizan grandes esfuerzos para proteger y atender a las víctimas; sin embargo, este tema no es aquel que competa únicamente al Estado, sino a la sociedad en su conjunto. Es en el seno de los hogares donde deben inculcarse valores y romperse los estereotipos de género que por años se han normalizado en las conductas diarias; en los colegios debe impartirse una educación con enfoque de igualdad de género, que nada tiene que ver con la ideología de género, y en las empresas hay que acortar la brecha salarial que condena a las mujeres profesionales a ganar menos que sus pares varones. Hay mucho por hacer y ese debe ser un compromiso de todos.

Dejemos de lado el silencio cómplice que contribuye a la impunidad. Frente a un agresor, callar no es una opción, porque al hacerlo le damos armas para que siga maltratando a su pareja o a sus hijos; un maltrato que podría tener consecuencias fatales.

En esta lucha debemos estar todos, porque es un dolor propio y no ajeno.

 

Suscríbete a nuestro boletín

Artículo anteriorTres ciudades resilientes de las Américas en 2018
Artículo siguienteMontevideo se prepara para WeComm, el primer Congreso de Comunicación Digital
Avatar
Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Univ. Femenina del Sagrado Corazón (Unifé). Ha cursado los Diplomados en Comunicación Corporativa en la Universidad de Lima y la Universidad Ricardo Palma. Estudios concluidos de Maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia en la Universidad San Martín de Porres (USMP). Ha realizado estudios sobre campañas políticas en The George Washington University (GWU). Asesora Parlamentaria en el Congreso de la República con más de nueve años de experiencia (Despachos Parlamentarios, Comisiones Ordinarias y Especiales y Bancadas Congresales). Conferencista invitada de la Konrad Adenauer (Alemania) y el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado (IPESM) para autoridades regionales, provinciales, locales y funcionarios de la administración pública. Ponente en las Cumbres de Comunicación Política en Lima (Perú), Quito (Ecuador) y Cartagena de Indias (Colombia).

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here